Este taller fue desarrollado en el marco de las actividades conjuntas de la Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS y el proyecto STRONG High Seas, que tiene el objetivo de fortalecer la gobernanza regional de los océanos para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ). Aquí algunas ideas sobre la segunda sesión:

Jaime Aburto, biólogo marino, académico de la Universidad Católica del Norte e investigador asociado al Núcleo del Milenio en Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI):

 

Rapa Nui o la Isla de Pascua, a casi 4.000 km de la costa chilena, es considerado el lugar habitado más aislado del planeta. Constituye, junto a Hawái y Nueva Zelanda, el Triángulo de la Polinesia, una región con más de 30 millones de kmy 1.000 islas. Su ubicación remota es un desafío para el manejo y la conservación de los recursos pesqueros, como también para la gobernanza. 

 

Así lo dice Jaime Aburto, quien recientemente publicó un artículo científico sobre cómo la posible creación de un área marina protegida a gran escala para el mar en la zona, evidenció la poca consideración de las costumbres autóctonas y ancestrales en los procesos que apuntaban a la conservación de los recursos marinos, y por ende, sacó a flote un caso de acaparamiento del océano (Ocean grabbing). 

“Allí hubo dos ONG, y posteriormente una Mesa del Mar, que trataron de presentar propuestas para la creación de áreas marinas. Sin embargo, el proceso participativo fue inadecuado y hubo falta de transparencia. Si solo revisamos el proceso en términos de la calidad y la gobernanza, podríamos afirmar que había evidencia de de acaparamiento del océano, pues se estaban violando los principios que determinaban que este era un proceso que se debía construir de la mano con las comunidades”, dice Aburto.

 

Luego de esos intentos, añade, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile visitó la isla (2016) para determinar, mediante reuniones con actores y organizaciones, cuál era la razón por la que no había un consenso entre los locales y los interesados en crear el área protegida.  En ese momento, se definió de manera conjunta que no habría Parque Nacional (en la ley chilena definido como un área no-take),  y se iniciaron las conversaciones alrededor de la posibilidad de crear un área de múltiples usos que permitiera la pesca tradicional y evitara la presencia de las pesquerías industriales. 

 

También hubo un trabajo intenso con las comunidades y, posteriormente, una votación para elegir representantes locales que se sentaran con representantes del Gobierno Chileno para negociar cómo sería esa área de múltiples usos. “Después, en 2017, se realiza una consulta al pueblo para saber si están  de acuerdo con un área de múltiples usos, que garantizaba una coadministración con mayoría Rapa Nui y el uso de artes de pesca artesanales. El 60% de los participantes en la consulta aprobaron el acuerdo”.

 

Según el experto, esta experiencia comprobó que es necesario estar libre de agendas externas y respetar los tiempos de las comunidades para establecer sus procesos, así como cambiar el modelo tradicional de conservación con un enfoque top-down, por uno bottom up, que considere las normas locales y trabaje de la mano con las comunidades en el uso sostenible de los recursos naturales y el respeto por las dinámicas de la naturaleza y los sistemas sociales.

 

Sobre esta experiencia, Luis German Naranjo, director de Conservación y Gobernanza de WWF, expresó que: “Este caso nos lleva a pensar en que tal vez tenemos que empezar a aplicar algunos aprendizajes que se han conseguido en áreas de conservación terrestre, en donde la exclusión de las consideraciones de los pueblos ancestrales y de los habitantes locales de una determinada región han llevado a conflictos y manejos inadecuados de los recursos que se pretenden conservar”.

 

Añadió que desde el punto de vista de la gobernanza y el manejo, “quizá tenemos muchas lecciones aprendidas que valga la pena explorar. Y este es un caso muy concreto de no tener en cuenta las consideraciones en particular de pueblos autóctonos sobre sus aspiraciones, intereses, lo que ellos entienden por naturaleza, lo que ellos consideran como elementos no negociables de su identidad territorial, que son cosas que se deberían tener en cuenta a la hora de diseñar modelos de conservación”.

Hugh Gohan, profesor adjunto de la Escuela de Gobierno y Asuntos Internacionales de la Universidad del Pacífico Sur de la República de Fiji, y asesor de la Red de Áreas Marinas Localmente Gestionadas de Asia y el Pacífico:

 

En el Pacífico Suroeste una región conformada por  14 países independientes y 8 colonias, y más de 100 millones de km2—, un grupo de 8 países crearon un “cartel” o un frente para controlar el 50% del mercado del atún del mundo (el recurso preponderante en la zona). Esa fue la experiencia que compartió Hugh Gohan durante el taller de expertos, en el que explicó que esta iniciativa fue posible gracias a un movimiento político que se conformó para defender los intereses de países pequeños que, anualmente, perdían cientos de millones de dólares debido a las capturas que países más grandes y con mayor capacidad extractiva hacían en el alta mar de esta región.

 

“Los atunes son especies que se mueven por las Zonas Económicas Exclusivas de esos países, como también por las áreas más allá de las jurisdicciones nacionales (ABNJ)”, dice, y añade que en ese sentido, lo que este bloque de países hizo fue unirse para incrementar su participación en un mercado antes dominado por externos, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos. “Además, optaron por regular el esfuerzo pesquero usando tecnologías satélitales y un régimen de observadores en el 100% de la flota”.

Otro cambio importante que se desprendió de esta experiencia, contó el experto, es que los países integrantes del acuerdo empezaron a cobrar cuotas de acceso a otros países, pasando de US $50 millones a más de US $500 millones por este tipo de pagos.

“Sin embargo, uno de los problemas que se ha desprendido de esta iniciativa es que muchos países, a los que no los beneficia este arreglo, han intentado desestabilizar este cartel, tratando de negociar la salida de quienes lo integran. Esto lo que deja claro es que hay un problema de solidaridad con una región que ha logrado hacer un buen manejo de los recursos pesqueros y, al mismo tiempo, mejorar su posición económica”.

 

 

Otro problema, dijo, ha sido la falta de reconocimiento internacional por esta medida que tiene un impacto en la conservación del recurso, incluso en áreas por fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ), mientras en diversos escenarios políticos y ambientales lo que tiene más eco es la creación de áreas protegidas marinas.  “Es muy difícil creer que estas grandes áreas protegidas puedan funcionar para proteger especies migratorias como el atún. En cambio, lo que sí puede determinar la sostenibilidad del recurso es el manejo de la pesca en sí mismo”. 

 

Más allá de esto, concluyó, la posibilidad de replicar experiencias en otras regiones en las que los países se unan para asegurar su producción y sostenibilidad pesquera y definir estrategias de conservación conjunta, es prometedora. 

Por su parte, Luis Germán Naranjo añadió que “me llama la atención el sano escepticismo sobre el papel de las áreas protegidas marinas frente al de la regulación de la actividad pesquera. Es fascinante el modelo que nos plantean sobre los carteles o pesquerías compartidas. Es muy innovador mirar al manejo pesquero como una medida tal vez más eficiente para conservar los recursos en la alta mar, pero me deja la duda sobre qué podría suceder desde el punto de vista de nuevos procesos extractivos de recursos renovables y no renovables en la alta mar, sea en ZEE o en áreas más allá de la jurisdicción nacional”