Las Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional (ABNJ por sus siglas en inglés) constituyen el 64% de la superficie del océano y corresponden a todas las aguas ubicadas después de 200 millas náuticas de las costas. Estas zonas no pertenecen a ningún país, son espacios comunes de la humanidad. Por ello, la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad marina y los recursos naturales que se encuentran allí son una gran responsabilidad de todos los actores involucrados alrededor del globo.     

Frente a este reto, el proyecto STRONG High Seas anunció recientemente la publicación de dos informes sobre la importancia socioeconómica de las ABNJ en el Atlántico Sudeste —colindante a las costas de África occidental, central y sur— y el Pacífico Sudeste—vecino a las costas de Sudamérica.

Hasta el momento, solo ha sido publicado uno de ellos, enfocado en la primera de estas regiones, pero se espera que pronto esté disponible en su página web el segundo. El informe que corresponde a nuestra región, el Pacífico Sudeste, fue realizado bajo el liderazgo de la Universidad del Norte de Chile y con colaboración de WWF Colombia, WWF Ecuador y el Instituto para Estudios Avanzados de Sostenibilidad.

Con estos informes y los publicados anteriormente por el proyecto, se pretende apoyar a los tomadores de decisiones —entre ellos gobernantes, el sector privado y otros actores— a decidir informadamente sobre el manejo en las ABNJ, poniendo sobre la mesa las variables ambientales, sociales y económicas a considerar. Esto, especialmente, en el marco del nuevo tratado internacional para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las ABNJ, llamado Biodiversidad Más Allá de las Áreas de Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en inglés), que negocia actualmente la comunidad internacional.

Ambas publicaciones ahondan en los intereses socioeconómicos que hay en estas ABNJ, teniendo en cuenta tanto los servicios de aprovisionamiento que prestan —relacionados con actividades como la pesca y la minería— como los servicios ecosistémicos —tales como la regulación del clima y la captura de CO2. A su vez, profundizan sobre los costos y beneficios de su aprovechamiento y la importancia de su conservación.

Las principales actividades que se llevan a cabo en las regiones investigadas se relacionan con pesca, navegación, transporte, seguridad marítima y cables submarinos. Especialmente, la pesca tiene un lugar importante en los informes, en los que se estudia, por ejemplo, el rol que tienen las ABNJ para las poblaciones de peces migratorios, los actores pesqueros, los costos de pescar en ABNJ, entre otros asuntos.

A estas actividades se suman otras posibles, en etapas de exploración, como la minería en fondos marinos y la recolección y explotación de los recursos genéticos marinos. La primera de estas actividades ha sido foco de cuestionamientos, pues pone en riesgo no solo los ecosistemas de los fondos marinos, sino también la biodiversidad de los océanos, los medios de subsistencia de las comunidades y el funcionamiento de los ciclos oceánicos. El informe, que concuerda con el reporte “Demasiado profundo: lo que sabemos y no sabemos sobre la minería de los fondos marinos” de WWF, advierte sobre estas posibles consecuencias.

 

 

Por otro lado, las publicaciones señalan que normalmente las actividades realizadas en las ABNJ implican altas inversiones y costos operativos, debido a las largas distancias que se deben recorrer para llegar a los recursos, los amplios plazos que son necesarios para generar ganancias y la tecnología de avanzada que se requiere. Por ello, dichas actividades dependen, en gran medida, financieramente de los subsidios otorgados por los gobiernos y la inversión de universidades públicas, institutos de investigación y el sector privado.

 

Frente a este panorama, ambos estudios ponen sobre la mesa un asunto crucial: ¿Son en realidad rentables y sostenibles las actividades humanas en las ABNJ? ¿Quiénes se benefician de sus ganancias? En este sentido, advierten que hoy solo unos pocos países y actores con capacidad económica suficiente explotan los recursos comunes de las ABNJ. Esto significa que los beneficios económicos de dichas actividades se concentran en un pequeño grupo, mientras que las consecuencias ambientales y sociales de la explotación pueden afectar a todos, particularmente a las poblaciones humanas de los países vecinos a estas zonas.

 

Los informes también alertan que la mala gestión de ciertas actividades económicas, aunque sean consideradas parte de la economía azul, podrían convertir las promesas de desarrollo en una mayor presión sobre los ecosistemas y en afectaciones a las comunidades locales que dependen de una u otra manera del mar. Todo ello en contravía del crecimiento sostenible y la inclusión social. 

Es necesario aumentar la conciencia sobre la economía azul sostenible, en medio de un contexto de desarrollo de nuevas políticas públicas y de economía verde. Además, el Tratado BBNJ tiene el potencial de facilitar el desarrollo de capacidades, la transferencia de conocimiento, la investigación y cooperación, todo con el fin de asegurar una mejor comprensión de las ABNJ y un acceso y aprovechamiento equitativo de las mismas.   

 

 

 

¿Qué es STRONG High Seas?

 

 

Es un proyecto quinquenal que tiene por objeto fortalecer la gobernanza regional de los océanos para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ por sus siglas en inglés). Es coordinado por el Instituto para Estudios Avanzados de Sostenibilidad (IASS) e implementado junto con el Instituto para el Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), BirdLife International, el Instituto Oceánico Internacional (IOI)-África del Sur, la Universidad Católica del Norte (UCN), WWF Alemania y WWF Colombia.

En colaboración con la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y la Secretaría del Programa de los Mares Regionales de África Occidental y Central (Convenio de Abidján), este proyecto tiene por objeto elaborar y proponer medidas específicas para apoyar el desarrollo de enfoques de ordenación integrados y basados en los ecosistemas para la ordenación de los océanos en el Pacífico Sudeste y Atlántico Sudeste.